Autor: Matthias Berninger; Responsable global de asuntos públicos y sostenibilidad de Bayer
Artículo original: https://www.bayer.com/en/news-stories/merchants-of-doubt
En marzo de 1996, una comisión británica de investigación que informaba a la Cámara de los Comunes concluyó que las enfermedades cerebrales notables observadas en los jóvenes probablemente se debían al consumo de carne de ganado infectado con EEB (Encefalopatía espongiforme bovina). El pánico estalló en Europa: el consumo de carne se derrumbó, la carne europea se volvió invendible, cientos de miles de ganado tuvieron que ser sacrificados y la carne se destruyó, y se impusieron rápidamente prohibiciones de importación a la carne de vacuno británica.
Tanto el público como los políticos reaccionaron con sorpresa y se dieron cuenta de que no existía un sistema ni un conjunto uniforme de normas en la UE para evaluar y controlar la seguridad de los alimentos. La crisis de la EEB demostró la insuficiencia de esta política y dejó muy claro que la seguridad alimentaria necesita reglas y que estas reglas deben estar estrictamente basadas en la ciencia, es decir, libres de intentos de grupos de presión de manipular e influir en la seguridad alimentaria.
Por lo tanto, el Parlamento, la Comisión y los gobiernos nacionales crearon un sistema coherente de evaluación de riesgos y gestión de riesgos basado en criterios científicos verificables. A nivel europeo, se creó la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, cuyo trabajo se revisa y evalúa de forma independiente cada seis años), y a nivel nacional, se crearon autoridades como la Autoridad Francesa de Seguridad Alimentaria (AFSSA), la Agencia Británica de Normas de Alimentos (FSA) o, en Alemania, el Instituto Federal de Evaluación de Riesgos (BfR).
Desde entonces, se han introducido criterios estrictos para la evaluación de alimentos, ya sean carnes, nuevos alimentos, alimentos de cultivos modificados genéticamente o residuos de plaguicidas.
“El sistema de evaluación científica ha demostrado su valía”
Matthias Berninger
El sistema ha demostrado su valía: el último caso de una persona infectada con EEB ocurrió en la UE en 2016, y aparte del brote de ECEH (E coli) en 2011, que resultó en 4.000 enfermedades y 53 muertes, pero que se resolvió y detuvo con bastante rapidez, no ha habido grandes escándalos alimentarios.
Las decisiones tomadas sobre la base de las evaluaciones científicas no siempre han sido del agrado de todos. De hecho, algunas, p. ej. sobre los neonicotinoides, han sido criticadas por la industria y Bayer ha apelado la posterior prohibición impuesta por la Comisión. Sin embargo, ni Bayer ni la industria han desafiado el sistema de evaluación científica.
Desafortunadamente, es una historia diferente por parte de las ONG ambientales que luchan contra la ingeniería genética, los plaguicidas y todo tipo de aditivos alimentarios. En el caso de la prohibición de los neonicotinoides, por ejemplo, elogiaron a las autoridades por su «valiente decisión», pero en el debate sobre la solicitud actual para extender la aprobación del glifosato, las mismas autoridades de repente están siendo retratadas como dependientes de la industria, infiltradas o incluso corruptas, en cualquier caso como subordinadas a la industria e irresponsables con el público. El proceso de evaluación está «controlado por la industria», afirma BUND, la rama alemana de Amigos de la Tierra, y agrega que las autoridades de aprobación carecen de «una distancia crítica con la industria» y que el procedimiento de aprobación debe ser «reformado radicalmente».
Paralelos sorprendentes
Llama la atención el paralelo de los opositores a las medidas del virus Corona y a la campaña de vacunación, que también acusan a las autoridades de estar demasiado cerca de la industria y de carecer de distancia crítica.
Aquí, como allí, se presentan «expertos» que representan posiciones que no son compartidas por la abrumadora mayoría de la ciencia: expertos que son conocidos principalmente por su cercanía con organizaciones que rechazan las vacunas, la ingeniería genética o los plaguicidas.
En el caso del glifosato, las opiniones externas se contrastan con los votos de los reguladores de Australia, Brasil, Alemania, la UE, Japón, Canadá, Corea, Nueva Zelanda, Estados Unidos y la FAO/OMS. Además, hay más de 800 estudios de seguridad, incluido el Estudio de salud agrícola (AHS) de EE. UU.. Durante 25 años, este estudio ha examinado continuamente a alrededor de 50.000 usuarios de productos fitosanitarios, incluidos 45.000 que aplican glifosato con regularidad. En todos esos años, no se ha encontrado ninguna asociación entre el uso adecuado de herbicidas a base de glifosato y el cáncer.
Más recientemente, en junio de 2021, cuatro organizaciones hermanas de la BfR alemana, las autoridades competentes de Francia, los Países Bajos, Suecia y Hungría encomendadas por la Comisión de la UE para realizar una evaluación del glifosato, también concluyeron que el glifosato no es cancerígeno y no representa un riesgo a los consumidores.
En este contexto, sembrar dudas con expertos cercanos a industrias específicas y con grupos de presión es consistente con la estrategia de negación de la ciencia organizada descrita por los historiadores de ciencia estadounidenses Naomi Oreskes y Erik M. Conway en 2010. En su libro “Merchants of Doubt” (Traficantes de dudas), Oreskes y Conway describen en detalle cómo los grupos de interés están tratando de influenciar a la opinión pública y los legisladores a su favor al disputar el consenso científico sobre cuestiones ambientales o de ciencias de la salud. La estrategia de estos grupos de presión es el patrón de organizaciones que intentan distorsionar el debate sobre el glifosato: omitir hechos, negar un consenso científico, socavar la confianza en las autoridades y las instituciones científicas. A esto se suman tácticas como la participación de pseudo-expertos, la selección de estudios y la difusión de mitos de conspiración, pero sobre todo el avivar los temores de daños a la salud.
Una política que opera sobre la base de las emociones
Esta estrategia también aprovecha el hecho de que muchos medios tienen dificultades para distinguir la ciencia real de la desinformación y las narrativas distorsionadas porque se esfuerzan por informar de manera equilibrada, y a menudo caen en un falso equilibrio al dar demasiado espacio a posiciones minoritarias o externas.
En la reciente pandemia, estamos siendo testigos de los peligros de esas tácticas: ya, partes de la población han desarrollado grandes reticencias hacia la vacunación, el uso de mascarillas y otras medidas.
Por supuesto, es legítimo criticar decisiones políticas que se basan en evaluaciones científicas. Pero es muy peligroso socavar el proceso de evaluación científica en sí y difamar a las autoridades responsables de las cuestiones de salud y seguridad. El resultado final será una política que operará sobre la base de las emociones, que devolverá a nuestra sociedad a la misma situación en la que estábamos cuando estalló la crisis de la EEB: al azar, indefensa y desprevenida.
